21 Marzo 2025 Rosa Roda

La instalación de una planta de biogás en el polígono industrial La Polvorista, en Molina de Segura, ha provocado una creciente preocupación entre los empresarios de la zona, que temen que el proyecto afecte tanto a la seguridad como a la viabilidad de sus operaciones. La planta, promovida por Heygaz Spain (anteriormente Efedos Biogás S.L.), se encuentra a escasos metros de varias empresas, incluidas algunas del sector alimentario, que temen que las emisiones de metano y otros gases puedan contaminar sus productos y dañar sus negocios. La cercanía de la planta a las industrias también ha generado alarma sobre los riesgos de explosiones, incendios y fugas de gases tóxicos.

En este contexto, una docena de empresas ya están estudiando trasladarse a otro municipio, lo que podría resultar en la pérdida de hasta 200 empleos. Los empresarios han criticado la actitud del alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, quien ha delegado la responsabilidad de atender sus demandas al vicealcalde y la concejala de Urbanismo. Esta falta de atención directa ha generado una gran decepción entre los afectados, que consideran que el Ayuntamiento ha priorizado los intereses de la empresa sobre la protección de la comunidad local.

Riesgos y preocupaciones sobre la seguridad

Además de los temores económicos, los empresarios están profundamente preocupados por los riesgos de seguridad que representa la planta. El metano, el principal componente de biogás, es altamente inflamable y puede formar mezclas explosivas con el aire. El proyecto reconoce que la planta contará con sistemas de seguridad como una antorcha para quemar el metano no utilizado, pero la posibilidad de fugas sigue siendo una preocupación. Juan Alcaide, portavoz de los empresarios, citó el caso de una explosión en Oxford, en una planta de biogás similar, como ejemplo de los peligros potenciales. Según los empresarios, un accidente en Molina de Segura podría tener consecuencias devastadoras para el polígono industrial.

La respuesta de Heygaz Spain y la falta de transparencia municipal

Por su parte, Heygaz Spain defiende el proyecto, asegurando que la planta cumple con todas las normativas vigentes y que está diseñada para minimizar los impactos ambientales, incluido el control de olores. La empresa también subraya que el proyecto ha sido aprobado por las autoridades locales y autonómicas, y rechaza las acusaciones de irregularidades o de intereses exclusivamente lucrativos. Aseguran que su planta contribuirá a la sostenibilidad y la economía local, destacando que el biogás es una fuente de energía renovable que ayudará a reducir las emisiones de CO₂ y metano.

Sin embargo, la falta de transparencia en el proceso ha alimentado la desconfianza tanto de los empresarios como de los vecinos. El Ayuntamiento de Molina de Segura ha sido acusado de no facilitar el acceso completo al expediente administrativo, lo que ha generado sospechas de que el proyecto está siendo impulsado sin la debida fiscalización pública. Los empresarios han recurrido a abogados para analizar posibles irregularidades y han advertido que podrían emprender acciones legales, incluyendo posibles demandas penales, si se confirma que el proceso de autorización no ha cumplido con todos los requisitos legales.

El papel del Ayuntamiento y la presión vecinal

Mientras la planta continúa su construcción, los vecinos y empresarios siguen exigiendo una revisión exhaustiva del expediente y la paralización del proyecto. La Plataforma Vecinal “STOP PLANTA DE BIOGÁS MOLINA DE SEGURA” ha convocado una nueva marcha de protesta para el 16 de febrero, en la que esperan reunir a más de 2.000 personas para mostrar su rechazo al proyecto. La presión sobre el Ayuntamiento crece, especialmente después de que otros municipios, como Murcia y Albacete, hayan detenido proyectos similares por preocupaciones de salud y seguridad.

El futuro de la planta de biogás de Molina de Segura sigue siendo incierto, con una fuerte oposición tanto a nivel local como empresarial. El conflicto entre el desarrollo de energías renovables y la protección de la comunidad parece estar lejos de resolverse, mientras los afectados luchan por garantizar que sus preocupaciones sean tomadas en cuenta.