La planta de biogás promovida por Heygaz Spain (anteriormente Efedos Biogás) en el polígono industrial La Polvorista de Molina de Segura sigue siendo objeto de gran controversia. La Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia, en un informe emitido el 25 de marzo de 2025, ha resuelto que la planta no será considerada una “industria especial de alta incidencia ambiental”, a pesar de su naturaleza industrial y los riesgos asociados con el tratamiento de residuos orgánicos y la producción de biometano. Según la Dirección General, el cumplimiento de los procedimientos legales de evaluación ambiental y la obtención de la autorización ambiental integrada son suficientes para garantizar que la planta no tenga un impacto significativo, lo que la excluye de la categoría de “alta incidencia ambiental”.
Este razonamiento ha sido ampliamente criticado, especialmente por los empresarios del polígono La Polvorista, quienes consideran que el informe simplifica demasiado los riesgos inherentes a la planta. La interpretación de la Dirección General de Medio Ambiente —que sostiene que si el proyecto pasa la evaluación ambiental no puede considerarse de alto impacto— ha sido tildada de “tramposa”, ya que reduce la complejidad de la planta a un simple cumplimiento de trámites, ignorando los riesgos reales asociados a una instalación que maneja gases inflamables como el metano y que podría tener implicaciones serias en caso de fugas o accidentes.
El informe también ha sido cuestionado por los empresarios, quienes insisten en que el hecho de que la planta haya pasado una evaluación ambiental no elimina los riesgos inherentes al tipo de actividad que se va a realizar. En opinión de los empresarios y su equipo legal, la Dirección General ha redefinido el concepto de “alta incidencia ambiental” de manera que cualquier planta que pase los trámites administrativos automáticamente se considera no riesgosa, lo que consideran un enfoque erróneo e irresponsable.
La situación se complica aún más cuando se compara con decisiones tomadas en otros municipios. En localidades como Murcia y Mula, las plantas de biogás han sido rechazadas por considerarlas industrias de alto impacto ambiental, a pesar de estar situadas en áreas más alejadas de núcleos residenciales que la planta en La Polvorista, lo que subraya la percepción de los empresarios de que Molina de Segura está siendo más permisiva con proyectos industriales que podrían suponer riesgos para la salud y la seguridad.
Falta de transparencia y pasos legales
Los empresarios de La Polvorista también han expresado su frustración con la falta de respuesta clara del Ayuntamiento de Molina de Segura. A pesar de las promesas iniciales del alcalde José Ángel Alfonso de revisar el expediente, el avance de la planta ha sido imparable, y la inacción del gobierno municipal ha reforzado la indignación de los afectados. En este contexto, los empresarios han recurrido a la vía legal y están buscando que un juez decida si la planta debe ser considerada una industria especial de alta incidencia ambiental. Este enfoque legal surge como una respuesta ante lo que consideran un proceso administrativo que no ha tenido en cuenta adecuadamente los riesgos que la planta conlleva para la comunidad.
La crítica hacia la falta de transparencia no se limita solo a la interpretación del impacto ambiental. El informe de la Dirección General de Medio Ambiente, aunque reconoce que la planta maneja materiales peligrosos, se limita a afirmar que todos los riesgos están “controlados”, sin detallar qué ocurriría en caso de fallos en los sistemas de seguridad o si se producen emisiones accidentales de gases peligrosos como el ácido sulfhídrico (H2S), que puede ser mortal en altas concentraciones.
El futuro del proyecto: ¿Transparencia o intereses económicos?
Mientras la planta continúa su construcción, los vecinos y empresarios siguen luchando por su paralización, convencidos de que este proyecto no ha sido evaluado de manera suficientemente rigurosa. Los empresarios temen que, en caso de un accidente, las consecuencias puedan ser devastadoras, y han insistido en que, en lugar de una solución basada en trámites legales, debería prevalecer el principio de precaución para proteger a la comunidad. A medida que las obras avanzan y la incertidumbre persiste, el conflicto se intensifica, con el temor a que las decisiones administrativas favorezcan más los intereses económicos de la empresa promotora y los fondos de inversión detrás del proyecto, que la seguridad y bienestar de los ciudadanos.
Este caso refleja un dilema común en el desarrollo de proyectos industriales, donde la rapidez en la tramitación y los intereses económicos pueden entrar en conflicto con las preocupaciones legítimas sobre los riesgos ambientales y de salud pública. La falta de claridad en la evaluación de impacto y la creciente desconfianza en la transparencia del proceso refuerzan la necesidad de un debate más amplio sobre la regulación de este tipo de instalaciones, especialmente cuando están ubicadas cerca de zonas residenciales y centros educativos.