La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial La Polvorista ha expresado su firme desacuerdo con el dictamen emitido por la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia, que determina que la futura planta de biogás promovida por Heygaz Spain, S.L. no presenta una alta incidencia ambiental. Los empresarios, que ya se oponían al proyecto, califican la decisión de “irresponsable” y advierten que tomarán acciones legales para frenar la instalación.
Según los empresarios, el informe minimiza los riesgos evidentes que conlleva la planta, que se ubicará en pleno polígono industrial, cerca de empresas que manejan materiales inflamables y que celebran eventos con grandes aglomeraciones. Para la asociación, la cercanía de la planta con este tipo de instalaciones multiplica los riesgos, creando un “efecto dominó” que podría resultar catastrófico en caso de un incidente. En este sentido, denuncian que el informe oficial se apoya en el hecho de que la actividad se llevará a cabo en naves cerradas y con sistemas de filtrado, pero advierten que esta estrategia no es suficiente para evitar problemas de emisiones, malos olores, residuos y el constante tránsito de camiones cargados de desechos.
Los empresarios también critican la falta de un proceso de participación ciudadana real y la ausencia de una evaluación técnica independiente, señalando que se ha cumplido con las formalidades administrativas sin un análisis riguroso de los impactos reales del proyecto. Rechazan, además, que se presenten proyectos de alto impacto como sostenibles sin un análisis adecuado, pidiendo la aplicación del principio de precaución y un estudio más exhaustivo sobre los posibles efectos adversos para la salud pública, el aire, el agua y el suelo.
A pesar de que la Asociación de Empresarios no se opone a las energías renovables, subrayan que el proyecto de biogás, tal y como está planteado, no cumple con los estándares necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el entorno. La asociación ha contratado un equipo jurídico y técnico para estudiar el caso y prepararse para emprender acciones judiciales. También han solicitado la entrega de toda la documentación administrativa relacionada con el expediente, así como la identificación de los funcionarios y autoridades involucradas en su tramitación.
“La ciudadanía de Molina de Segura tiene derecho a vivir en un entorno saludable, sin riesgos encubiertos”, concluyen los empresarios, dejando claro que la batalla legal y mediática contra la planta de biogás no ha hecho más que comenzar.