Este domingo, más de 500 personas se manifestaron en Molina de Segura para exigir la paralización inmediata de la planta de biogás que se construye en el polígono industrial La Polvorista. La protesta, que reunió a vecinos, empresarios y colectivos sociales, destacó la preocupación generalizada por los riesgos ambientales, sanitarios y económicos que el proyecto representa para la comunidad local.
El presidente de la Asociación de Empresarios del polígono, Juan Alcaide, fue una de las voces más escuchadas durante el acto. “El polígono no es un vertedero. Aquí hay más de un centenar de empresas, cientos de trabajadores, y una actividad económica que está en peligro por una planta que traerá malos olores, tráfico de camiones y emisiones contaminantes”, denunció. Alcaide también cuestionó la justificación del proyecto, señalando que la planta solo generará nueve empleos directos frente a los cientos que podrían perderse debido al éxodo de empresas del polígono.
La planta, que recibirá más de 36.000 toneladas anuales de residuos, incluidos lodos y desechos industriales, está situada a solo 700 metros del colegio CEU San Pablo, y en las cercanías de varias viviendas y empresas. Alcaide subrayó que el proyecto incluye la emisión de 29 toneladas de metano al año, lo que, según él, equivale al impacto ambiental de tener 5.000 cerdos sueltos en la zona.
Los manifestantes también criticaron la ubicación de la planta, que consideran incompatible con la normativa de actividades con “alta incidencia ambiental”, que exige que este tipo de instalaciones se ubiquen lejos de los núcleos urbanos. De hecho, el alcalde José Ángel Alfonso (PP) ha solicitado modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para justificar la ubicación de la planta, una maniobra que los manifestantes interpretan como un intento de legalizar un proyecto que ya fue aprobado de manera irregular.
Impacto ambiental y sanitario: La falta de informes clave
Uno de los puntos más preocupantes de la protesta fue la denuncia de la ausencia de informes obligatorios de Salud Pública y Seguridad Ciudadana. Los manifestantes señalaron que estos informes, fundamentales para evaluar los riesgos sanitarios de la planta, no aparecen en el expediente. “Es inaudito que se haya concedido licencia sin estos informes. Hay estudios que demuestran que el riesgo de enfisema pulmonar aumenta un 1.800 por ciento para los vecinos cercanos a este tipo de plantas”, subrayaron los organizadores.
Además, los empresarios acusaron al Ayuntamiento de poner trabas constantes para acceder a la documentación completa del proyecto, lo que refuerza la sospecha de que el proceso ha estado marcado por la opacidad y la falta de transparencia.
El riesgo de la pérdida de empleos y la denuncia de intereses económicos
En términos económicos, los empresarios están alarmados por la posible pérdida de empleo. Más de una docena de empresas ya están considerando trasladarse si la planta entra en funcionamiento, lo que podría traducirse en la pérdida de cientos de empleos estables. “¿De verdad vamos a poner en peligro todo un ecosistema productivo por una instalación que ni siquiera dejará beneficios en la zona?”, cuestionó Alcaide, quien también alertó que los beneficios del proyecto se irán al fondo de inversión extranjero detrás de Heygaz, dejando a Molina de Segura con los camiones, los olores y los riesgos.
¿Un proyecto heredado? La polémica política detrás de la planta
El debate sobre la planta también ha tomado tintes políticos. Desde el PP, se ha intentado responsabilizar a la anterior administración socialista, indicando que el proyecto fue heredado de 2021, cuando se otorgó la compatibilidad urbanística a la instalación. Sin embargo, los manifestantes y empresarios argumentan que la compatibilidad urbanística no equivale a una licencia de obras, y que, incluso si es compatible, el Ayuntamiento tiene la facultad de bloquear el proyecto si no se cumplen los requisitos de salud y seguridad pública.
En municipios como Murcia y Mula, proyectos similares han sido detenidos por la falta de cumplimiento de las distancias mínimas y la protección de la salud pública, lo que refuerza la crítica de los manifestantes sobre la permisividad del Ayuntamiento de Molina de Segura.
La lucha continúa
A pesar de la contundencia de las protestas, la planta de biogás sigue adelante, pero también lo hace la lucha vecinal y empresarial. Los manifestantes han prometido continuar con las movilizaciones y han dejado claro que no se oponen a las energías renovables, sino a proyectos que, según ellos, se disfrazan de sostenibles pero carecen de un análisis adecuado de los riesgos reales para la comunidad.
La manifestación del 16 de febrero es solo el comienzo de lo que podría ser una batalla legal y mediática en torno a la planta de biogás, que sigue siendo un tema de gran división en Molina de Segura.