La construcción de la planta de biogás en el polígono industrial La Polvorista, en Molina de Segura, sigue siendo un foco de fuerte oposición tanto por parte de empresarios como de vecinos, quienes denuncian el grave riesgo que representa la instalación. A pesar de que la planta está autorizada para tratar residuos SANDACH (subproductos animales no destinados al consumo humano) de tipo 2 y 3, así como lodos de depuración, los empresarios del polígono insisten en que se trata de una actividad de alto impacto, incompatible con la proximidad de zonas residenciales, colegios y empresas del sector alimentario.
Los SANDACH tipo 2 incluyen materiales de alto riesgo, como cadáveres de animales, vísceras y sangre no aptos para el consumo, y su tratamiento está regulado por estrictas normativas debido a los riesgos sanitarios que implica. La planta de biogás en cuestión procesará 7.260 toneladas al año de estos residuos, lo que supone un potencial de contaminación microbiológica y ambiental, además de un riesgo para la salud pública, como advierten los expertos.
Riesgos para la salud y el medio ambiente
Los informes técnicos señalan que el tratamiento de estos residuos conlleva riesgos significativos, como la emisión de gases tóxicos, malos olores persistentes, la atracción de plagas, y la posible transmisión de enfermedades zoonóticas. Los empresarios del polígono La Polvorista, preocupados por la proximidad de la planta a sus instalaciones, subrayan que las emisiones de metano podrían afectar gravemente a la calidad del aire y la salud de las personas, ya que se estima que la planta podría emitir hasta 29 toneladas de metano al año, lo que equivale al impacto ambiental de tener 5.000 cerdos sueltos en la zona.
La cercanía de la planta a centros educativos, como el colegio CEU San Pablo, y a empresas que manejan productos alimentarios y otras sustancias sensibles, ha incrementado la preocupación. De hecho, la planta está situada a solo 700 metros de este colegio y a pocos metros de naves industriales donde operan más de 3.500 trabajadores, muchos de los cuales están expuestos al riesgo de inhalar emisiones nocivas.
La falta de transparencia y participación ciudadana
Los manifestantes también critican la falta de un proceso de participación ciudadana real y el hecho de que el Ayuntamiento de Molina de Segura haya tramitado el proyecto sin informes preceptivos, como los de Salud Pública y Seguridad Ciudadana. A pesar de que el proyecto ha sido evaluado ambientalmente, los empresarios y vecinos afirman que el proceso ha estado marcado por la opacidad y la falta de transparencia, ya que les han sido denegados los accesos completos al expediente administrativo.
¿Una estrategia económica detrás del proyecto?
El presidente de la Asociación de Empresarios, Juan Alcaide, ha expresado que la planta de biogás, lejos de beneficiar a la comunidad local, solo traerá beneficios económicos a un fondo de inversión extranjero. Aunque la empresa promotora, Heygaz Spain, asegura que ha renunciado al tratamiento de los residuos más peligrosos por “sensibilidad social”, los empresarios y vecinos se cuestionan si esta “sensibilidad” realmente prevalecerá una vez que la planta esté operativa. Según los críticos, la planta está legalmente autorizada para tratar estos residuos, lo que deja abierta la posibilidad de que, en el futuro, se reanuden estos procesos si la planta se considera rentable.
La lucha por el futuro de Molina de Segura
La batalla legal y mediática por frenar la planta de biogás no ha hecho más que comenzar. Los empresarios y vecinos han intensificado sus movilizaciones y han contratado un equipo de abogados para estudiar posibles acciones legales. Mientras tanto, la planta sigue avanzando en su construcción, a pesar de las fuertes objeciones y las dudas sobre su impacto ambiental y sanitario. El conflicto sigue dividiendo a la comunidad de Molina de Segura, mientras la promesa de una transición ecológica se ve empañada por las preocupaciones sobre la seguridad y la sostenibilidad real del proyecto.