El proyecto de instalación de plantas de biogás en varios municipios de la Región de Murcia, incluida Molina de Segura, ha generado un intenso debate político y social. Localidades como Lorca, Molina de Segura, Santomera, San Javier y Las Torres de Cotillas ya están tramitando proyectos que han encendido las alarmas entre vecinos y colectivos locales debido a los posibles impactos ambientales y de salud.
El diputado de Podemos, Víctor Egío, defendió la necesidad de una moratoria en la construcción de estas plantas hasta que se elabore una normativa específica que regule aspectos como las distancias mínimas a núcleos urbanos, la contaminación odorífera y los protocolos de transporte y almacenamiento de residuos. Egío enfatizó los posibles impactos negativos de estas instalaciones, como la contaminación del suelo y el agua, los malos olores persistentes, el riesgo de incendios y explosiones, y el elevado consumo de agua. Aunque reconoció el potencial del biogás como fuente de energía renovable, alertó sobre la falta de un marco legal adecuado para proteger a los ciudadanos y el medio ambiente.
En respuesta, el Gobierno regional, encabezado por López Miras, ha defendido el desarrollo de estas plantas, destacando su capacidad para contribuir a la transición energética, generar empleo y fortalecer la economía local. El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, subrayó que la Región de Murcia tiene el potencial para albergar hasta 40 plantas de biometano, lo que podría satisfacer el 13% de la demanda regional de gas natural.
Sin embargo, la preocupación de los vecinos sigue creciendo, especialmente debido a la proximidad de las plantas a colegios y viviendas. En el caso de Molina de Segura, la planta de biogás se encuentra a solo 700 metros del colegio CEU San Pablo, lo que ha generado protestas y movilizaciones. La Junta Rectora de la Entidad Urbanística Mirador de Agridulce II, que representa a más de 3000 residentes, ha exigido la revocación de la licencia de obras, subrayando que no están en contra del biogás, pero sí de su ubicación cerca de núcleos urbanos.
Podemos y el Grupo Mixto en la Asamblea Regional han presentado una moción para organizar una consulta ciudadana sobre la instalación de estas plantas, con el objetivo de fomentar la transparencia y la participación de la comunidad en decisiones que afectan su calidad de vida. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el PP, PSOE y Vox, lo que ha intensificado las tensiones políticas en torno al tema.
Por su parte, el Gobierno de España ha manifestado su apoyo al biogás como parte de su estrategia para impulsar las energías renovables y la economía circular, con la aprobación de la “Hoja de Ruta del Biogás” y la asignación de ayudas a proyectos de biogás. Sin embargo, las preocupaciones sobre los impactos ambientales de las plantas siguen siendo un tema candente, y la falta de un marco normativo específico sigue siendo una de las principales demandas de los opositores.
La situación en Molina de Segura y otras localidades refleja la creciente resistencia a las plantas de biogás en la Región de Murcia, mientras las autoridades locales y regionales defienden su desarrollo como parte de la transición energética, sin lograr aún un consenso claro con los vecinos y las empresas afectadas.